- La socialización hace parte del procedimiento establecido por el Juzgado Octavo Administrativo de Manizales, que dispuso la elaboración de un nuevo estudio integral para determinar los costos de operación del servicio durante 2026.
- El ejercicio incorporó el salario mínimo vigente para este año, las condiciones económicas del sector y las variables operativas del sistema, bajo la metodología nacional aplicable al transporte público colectivo.






Fotografías: jornada de socialización de los resultados del estudio integral de costos del transporte público colectivo de Manizales
La Alcaldía de Manizales, a través de la Secretaría de Movilidad, presentó los resultados del nuevo estudio integral de costos del transporte público colectivo, un ejercicio técnico desarrollado en el marco de las disposiciones establecidas por el Juzgado Octavo Administrativo de Manizales mediante el Auto Interlocutorio 842-2026.
Para comprender el origen de este análisis, es necesario recordar que las tarifas del servicio para 2026 se habían establecido mediante el Decreto 0639 del 31 de diciembre de 2025. Posteriormente, dentro de un proceso judicial relacionado con este acto administrativo, el juzgado decretó una medida cautelar que estableció nuevas actuaciones para la Administración Municipal, entre ellas la suspensión provisional de sus efectos, la implementación de tarifas transitorias y la elaboración de un nuevo estudio integral de costos.
La decisión determinó una ruta de trabajo para la Administración durante 2026. Mediante el Decreto Municipal 0201 del 9 de junio de ese año se establecieron tarifas transitorias de $3.000 para bus, $3.250 para buseta y $3.350 para microbús, con el propósito de garantizar la continuidad del servicio mientras se desarrollaba el nuevo estudio.
El análisis presentado corresponde a la siguiente etapa de ese procedimiento. Para su elaboración se aplicó la metodología de la Resolución 4350 de 1998 y se tuvieron en cuenta los criterios del artículo 4 del Decreto 2660 de 1998, con información económica y operativa actualizada a octubre de 2026.
La revisión contempló los costos variables, fijos y de capital que intervienen en la prestación del servicio. Entre ellos se encuentran combustible, lubricantes, llantas, mantenimiento, salarios, prestaciones, garajes, administración, impuestos, seguros y recuperación de la inversión.
Además se analizaron las condiciones de las 84 rutas atendidas por siete empresas transportadoras, los kilómetros recorridos, las frecuencias de despacho y los índices de ocupación. Se incorporó, además, una variación del 6,30 % del índice de inflación con corte al 31 de octubre de 2026, que afecta los componentes de la canasta de transporte.
Uno de los aspectos expresamente señalados en la decisión judicial fue la incidencia del salario mínimo de 2026 en los costos laborales. Por ello, el estudio tomó como referencia el valor de $1.750.905 e identificó los cargos que intervienen en la operación y el mantenimiento de los vehículos, sus salarios y los factores de participación dentro de la estructura de costos.
¿Qué resultados arrojó el estudio?
Al consolidar los componentes económicos y operativos, se determinaron las siguientes tarifas técnicas de recaudo:
- Microbús: $3.491.
- Bus: $3.142.
- Buseta: $3.388.
El estudio recomienda aproximar estos resultados a la cincuentena más cercana: $3.500 para microbús, $3.150 para bus y $3.400 para buseta. La recomendación considera la facilidad para realizar el recaudo y devolver dinero, la continuidad del criterio utilizado en estudios anteriores y la conservación de los valores técnicos exactos para futuras actualizaciones.
El secretario de Movilidad, Juan Felipe Álvarez Castro, explicó: “Tenemos que sentarnos con las empresas de transporte después de esta socialización para analizar si efectivamente vamos a hacer ese aumento o nos vamos a esperar ya a los estudios que terminan en diciembre para el aumento de la tarifa que se da a partir del 1 de diciembre del 2027”.
Es importante aclarar que estos valores corresponden a los resultados y recomendaciones del estudio. Su eventual adopción requiere adelantar el procedimiento administrativo correspondiente, expedir el acto administrativo y realizar su publicación oficial. Por tanto, la socialización de los resultados no implica que las tarifas recomendadas entren automáticamente en vigencia.
La Administración Municipal cumple así con el desarrollo del estudio establecido en la medida cautelar y pone a disposición de los actores del transporte público colectivo una base técnica que permite conocer, con información actualizada y bajo criterios metodológicos definidos, los costos asociados a la prestación del servicio en Manizales.


