- El protocolo define competencias, tiempos de actuación y medidas según cada caso identificado en el municipio.
- Actualmente no existe una política pública integral definida por el Gobierno Nacional para la gestión de asentamientos informales. Sin embargo, el Municipio estructuró un marco operativo propio con base en la normativa vigente, que establece responsabilidades claras y rutas diferenciadas según las características de cada asentamiento.
Fotografías: visitas por parte de la Alcaldía a los asentamientos informales y presentación del protocolo
En sesión interinstitucional realizada ante la Personería de Manizales, la Administración Municipal socializó el Protocolo Institucional para la Gestión de Asentamientos Informales, instrumento que organiza la actuación de las dependencias frente a ocupaciones irregulares en el territorio. La jornada contó con la presencia de las secretarías de Interior, Hacienda, Medio Ambiente, Desarrollo Social, Planeación, Infraestructura, la Unidad de Gestión del Riesgo, la Secretaría Jurídica y la Policía Nacional de Colombia.
El Municipio estructuró un marco operativo propio con base en la normativa vigente, que establece responsabilidades claras y rutas diferenciadas según las características de cada asentamiento.
El primer componente del protocolo corresponde a vigilancia y control. Incluye acciones administrativas y operativas orientadas a prevenir nuevas ocupaciones irregulares, contener la expansión de asentamientos existentes y proteger el espacio público, los suelos de protección ambiental y las zonas estratégicas de la ciudad.
La Secretaría del Interior y la Policía Nacional asumen la coordinación directa de estas actuaciones, con el apoyo transversal de Hacienda, Medio Ambiente y Desarrollo Social. El procedimiento diferencia intervenciones en ocupaciones con menos de 48 horas y aquellas que superan ese término, conforme a la Ley 1801 de 2016 y demás normas complementarias.
Las medidas incluyen control en bienes fiscales, bienes de uso público y áreas de protección ambiental, además de la aplicación de disposiciones correctivas cuando corresponda. Este componente permite respuestas oportunas y ajustadas a la ley, con criterios técnicos y jurídicos definidos.
El segundo componente se enfoca en la evaluación y acciones integrales. Aquí intervienen: la Secretaría de Planeación, la Unidad de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Infraestructura, a través de la Unidad de Gestión de Vivienda, con el acompañamiento transversal de Medio Ambiente, Jurídica y Desarrollo Social.
El objetivo es analizar cada asentamiento desde su viabilidad jurídica, urbanística, ambiental y de riesgo. El estudio revisa condiciones frente al Plan de Ordenamiento Territorial, determinantes ambientales y niveles de amenaza. Con base en ese análisis se define la ruta institucional: legalización urbanística, titulación, reconocimiento, licenciamiento, mejoramiento integral o, cuando no resulta viable la permanencia, programas de reasentamiento y reubicación.
Experiencias como Villa Jardín y Chachafruto han permitido aplicar procesos de evaluación técnica que orientan decisiones responsables. En los casos donde existe viabilidad normativa para la legalización, mientras se surten los trámites respectivos, la Administración puede articular con Aguas de Manizales S.A E.S.P mecanismos provisionales para el abastecimiento de agua, como las pilas públicas.
Desde el componente social, la Secretaría de Desarrollo Social realiza caracterización de población vulnerable, con especial atención a personas mayores. También informa sobre la oferta institucional, incluidos programas como Colombia Mayor y servicios de Centro Vida, de acuerdo con los requisitos y criterios de focalización establecidos.
El secretario de Planeación, José Fernando Olarte, señaló: “estamos trabajando en el plan de acción que nos permita enfrentar una de las situaciones más críticas que tiene la ciudad como son los asentamientos informales. La forma en la que muchas personas tienen que resolver su necesidad de vivienda es precaria y sabemos de esa situación. Procesos como el mejoramiento integral de barrios, donde ya tenemos avances importantes en Chachafruto, en Villa Jardín, en Bajo Cervantes y estudios en otros sectores, nos permiten definir una ruta de trabajo que el municipio ha liderado. Necesitamos una mejor política nacional que logre materializar el cierre financiero de las familias y poder aplicar los recursos que tenemos para subsidios de vivienda, con lo cual se pueden reducir brechas de pobreza en la ciudad”.
El protocolo institucional para la gestión de asentamientos informales establece una estructura clara de competencias, tiempos y procedimientos para enfrentar esta problemática en Manizales, bajo criterios legales, técnicos y sociales. La articulación entre dependencias permite diferenciar actuaciones preventivas, medidas de control y rutas estructurales como la legalización o el reasentamiento, según corresponda en cada caso.
