- A través de pedagogía en calle, empresas, colegios y demás instituciones, se explica la importancia de movilizarse a través de medios de transporte legalmente constituidos
La Secretaría de Movilidad de Manizales socializa con los ciudadanos los riesgos existentes cuando se paga por utilizar transporte público ilegal, al tiempo que pidió compromiso de la comunidad para que no apoye esta actividad en el municipio.
Entre los inconvenientes a los
que se enfrentan los usuarios que pagan por este tipo de transporte están:
- No hay quien responda por la seguridad. Si el vehículo en el que un usuario se transporta sufre un accidente de tránsito, no seguro que responda por la atención médica.
- Incumplimiento de las normas. En muchas ocasiones, estos vehículos incumplen los requisitos exigidos por la norma para prestar el servicio; carecen de revisión técnico mecánica, SOAT, mantenimiento periódico del vehículo, pólizas de seguridad, entre otros.
- No hay identificación. Al no estar registrado como un transporte legal, no hay manera de identificar al conductor en caso de ocurrir una anomalía.
- Inseguridad en el trayecto. Al ser un transporte ilegal, en cualquier momento el vehículo puede ser requerido por las autoridades, y el usuario deberá ser retirado del mismo en su trayecto.
Al respecto, Cristian Mateo Loaiza Alfonso, secretario de Movilidad de Manizales, señaló que la responsabilidad de la Administración Municipal es velar por la seguridad de los usuarios, por lo que además de advertir los riesgos, constantemente se realizan operativos para contrarrestar esta situación.
“Otra cosa. Los usuarios deben tener en cuenta que usar el transporte ilegal no es una manera de respaldar la economía de la ciudad. Por el contrario, se está yendo en detrimento de los conductores legalmente constituidos, que tienen que pagar impuestos por su trabajo y que son responsables del cumplimiento de las normas. La invitación sigue abierta a todos los manizaleños a evitar el transporte ilegal”, mencionó el secretario.
Dato de interés
- La persona que presta el servicio de forma ilegal puede verse enfrentada a una multa de 30 salarios mínimos diarios legales vigentes, además de la inmovilización de su vehículo.