- La Secretaría de Movilidad realiza constantemente jornadas de pedagogía en la Terminal de Transportes para orientar a los ciudadanos que llegan a la ciudad sobre los riesgos de utilizar vehículos particulares que prestan el servicio de transporte de manera ilegal.
- El transporte público individual legalmente habilitado cuenta con conductores y vehículos identificados, empresas responsables, seguros específicos para la actividad transportadora y controles que ofrecen al pasajero mayores garantías durante su recorrido.
Fotografías: la Secretaría de Movilidad realiza jornada de pedagogía con ciudadanos en la Terminal de Transportes de Manizales sobre las garantías del transporte público legal
Cuando una persona llega a Manizales y necesita trasladarse hasta su destino, el precio y la facilidad para conseguir un vehículo pueden terminar siendo los principales factores de elección. Sin embargo, también es importante preguntarse: ¿qué garantías tengo si algo ocurre durante el recorrido?
Este es el mensaje que la Secretaría de Movilidad lleva a los ciudadanos durante jornadas de pedagogía en la Terminal de Transportes de Manizales, donde explica la diferencia entre utilizar un servicio público legalmente habilitado y abordar un vehículo particular que presta transporte de manera ilegal.
Lo que respalda un taxi legal
Cuando un ciudadano toma un taxi legalmente habilitado, detrás de ese viaje existe una estructura regulada. El servicio público individual de pasajeros se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada, y los vehículos y conductores deben cumplir las condiciones establecidas para poder prestar el servicio.
Esto permite contar con elementos de identificación y trazabilidad: el vehículo, el conductor y la empresa a la que está vinculado pueden ser asociados con la prestación del servicio. Así, ante una situación que requiera seguimiento, existen elementos concretos para que la autoridad pueda establecer quién estaba prestando el servicio y actuar dentro de sus competencias.
Se suma un aspecto que puede pasar desapercibido cuando la decisión se toma únicamente por precio: el transporte público individual cuenta con un régimen de seguros propio de la actividad transportadora. Las empresas de taxi deben contar con pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual, con coberturas frente a riesgos como lesiones, muerte y daños a terceros.
Por eso, la diferencia cobra importancia cuando durante el trayecto surge un imprevisto. Ante un siniestro vial, una lesión, un daño o un hurto, las preguntas cambian: ¿quién estaba prestando el servicio?, ¿bajo qué condiciones lo hacía?, ¿qué seguros respaldaban esa actividad?, ¿ante quién puede acudir el pasajero y qué autoridad puede hacer seguimiento al caso?
También existe una autoridad a la cual acudir
Las garantías del transporte legal no terminan cuando finaliza el recorrido. Si un ciudadano tiene una situación relacionada con el servicio de un taxi, puede acudir a la Secretaría de Movilidad para presentar su caso y solicitar el seguimiento correspondiente, de acuerdo con las competencias de la autoridad.
Esto aplica, entre otras situaciones, frente a una negativa injustificada del servicio u otras conductas que puedan constituir infracciones. De esta manera, existe un vínculo verificable entre pasajero, conductor, vehículo y empresa que permite poner determinadas situaciones en conocimiento de la autoridad.
Imágenes: no te subas al riesgo
La jornada realizada en la Terminal de Transportes busca que quienes llegan a Manizales conozcan todo lo que existe detrás de un servicio legal antes de elegir cómo movilizarse. La recomendación de la Secretaría de Movilidad es utilizar el transporte público colectivo e individual autorizado, porque además de llevar al usuario a su destino, cuenta con condiciones de operación, identificación, control y protección establecidas para la actividad.
En Manizales, un taxi legal es mucho más que un vehículo que recoge y deja pasajeros: es un servicio regulado, con una estructura de responsabilidades y garantías que el ciudadano debe considerar antes de comparar únicamente el precio de un viaje.
